La expropiación desató la furia española
Bloqueo comercial, acciones legales y represalias fue el menú
presentado por funcionarios españoles luego de conocer el proyecto de ley de
expropiación de acciones de YPF en manos de Repsol. Sólo el Ciadi es una opción
concreta para España.
El envío del proyecto de ley de expropiación de acciones de YPF
en manos de Repsol y la intervención de la compañía motivaron un apoyo
contundente del gobierno de España a la compañía ibérica, que calificó la medida
de “ilícita y discriminatoria” y adelantó que llevará a cabo “todas las acciones
legales oportunas”. Eso supone que la firma española, con el objetivo de cobrar
un importante resarcimiento, podría presentar una demanda en el Ciadi, tribunal
arbitral del Banco Mundial. El gobierno español también dejó entrever que
tomaría medidas en represalia, aunque no dispone de muchas herramientas para
hacerlo.
“Es una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una
malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre
los países.” Así describió el canciller español, José Manuel García Margallo, el
anuncio que realizó la presidenta, Cristina Fernández. La noticia motivó que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocara una reunión de gabinete de
carácter urgente, luego de la cual Margallo junto a Juan Manuel Soria, titular
de la cartera industrial, dieron una conferencia de prensa donde criticaron la
medida argentina.
La protección de inversiones entre Argentina y España se encuentra regulada
por el tratado bilateral de inversión (TBI) que el Congreso Nacional ratificó en
1992, que permite que las firmas ibéricas puedan dirimir en el tribunal
internacional del Banco Mundial (Ciadi) los conflictos con el gobierno
argentino. Ese acuerdo contempla la posibilidad de la expropiación, si es que la
empresa se declara de interés público y se establece una “indemnización
adecuada”, dos cuestiones que deja planteadas el proyecto de ley que envió ayer
el Gobierno.
Sin embargo, el TBI advierte que la medida “en ningún caso deberá ser
discriminatoria”. El ministro Soria, en la rueda de prensa, aprovechó y avanzó
sobre ese aspecto. “La medida es discriminatoria respecto de otros operadores,
porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero sólo se adoptan
medidas para una sola empresa. También es discriminatoria respecto de los
propios accionistas de YPF, ya que, además de Repsol, hay otros accionistas
argentinos respecto de los cuales la decisión nada dice. Es doblemente
discriminatoria”, dijo.
Algunas horas después, Repsol envió un comunicado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores española. Indica que la medida es “manifiestamente ilícita y
gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad
pública que se persigue con la misma y que supone un patente incumplimiento de
las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF,
violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de
confianza de la comunidad inversora”. “Repsol llevará a cabo todas las medidas
legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los
intereses de todos sus accionistas”, agregó la firma.
“El argumento de la discriminación puede ser el eje del planteo de Repsol, y
en general la interpretación de los tribunales arbitrales que se conforman en el
Ciadi”, explicó a este diario Javier Echaide, especialista en derecho
internacional. El gobierno español adoptó una postura confrontativa en función
del siguiente argumento: “Cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa
española es interpretado por el gobierno de España como un gesto de hostilidad
contra España. La decisión es hostil contra Repsol y por lo tanto lo es contra
España, y el gobierno actuará en consecuencia”, señaló Soria. Margallo aseguró
que “el gobierno adoptará todas las medidas que consideren convenientes para el
interés de Repsol y de todos los inversores”. Sin embargo, más allá de que la
figura de la expropiación es legal si se realiza bajo determinados parámetros,
incluso forzando la legislación vigente, España no cuenta con muchas
herramientas para atacar.
El gobierno ibérico dejó entrever que una opción es la represalia comercial,
versión amplificada por los medios de comunicación. En primer lugar, el gobierno
español no podría plantear de manera explícita una medida comercial contra
Argentina sin tener problemas en la OMC, organismo que prohíbe la discriminación
comercial. Pero además, el país ibérico delegó el manejo de su política
comercial en la Unión Europa (UE), de manera que una barrera “de hecho”, como
podría ser una paraarancelaria, tendría que regir para todo el bloque y por lo
tanto ser negociada con los demás miembros. Además, la UE también está
restringida por la OMC para tomar medidas contra un determinado país. De todos
modos, Soria aseguró que el gobierno español solicitó a la Comisión Europea que
discuta “con urgencia” la medida. El bloque regional no cuenta con herramientas
puntuales para hostigar a la Argentina en términos formales.
Además del Ciadi, existe un mecanismo de solución de controversias entre
Estados a través del cual el reclamo español, después de una larga etapa de
negociación, podría llegar al tribunal internacional de La Haya. Sin embargo, la
disputa entre ambos países sería muy compleja y de difícil resolución, de ahí el
atractivo de Repsol para encarar la vía Ciadi.
Soria también dijo que Rajoy, quien hoy viaja hacia México y luego a
Colombia, buscará apoyo en esos países para enfrentar la decisión de la
expropiación. Incluso recordó que México mantiene una disputa con Argentina por
el comercio bilateral de autos, aunque no aclaró qué relación guarda esa
controversia con la situación de YPF. Margallo también criticó que la medida
“quiebra el acuerdo verbal” con el gobierno nacional, según el cual a fines de
febrero se habría convenido en Buenos Aires que “los posibles contenciosos se
resolverían por la vía del diálogo y la negociación”.
Fuente:Página12.com
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